Financiar por resultados: ¿qué resultados debe producir una universidad?

PERSPECTIVA | OPINIÓN Por: Dra. Eunice Pérez-Medina

Jamaica ha abierto una discusión que merece ser observada con atención en toda nuestra región.

El Gobierno jamaicano trabaja en un nuevo marco de financiamiento para sus instituciones de educación superior públicas que otorgaría mayor peso al desempeño. La propuesta considera, entre otros elementos, el éxito estudiantil, la calidad y el desempeño institucional, la respuesta a las necesidades del mercado laboral, la investigación, la innovación, la sostenibilidad financiera, la rendición de cuentas y la transparencia. Así lo han documentado tanto el Jamaica Gleaner como el Jamaica Information Service, la agencia oficial de información del Gobierno.

El planteamiento fue presentado por la Dra. Kasan Troupe, secretaria permanente del Ministerio de Educación, Destrezas, Juventud e Información, durante la primera Higher Education Leadership Conference, celebrada del 16 al 17 de julio de 2026 en Hanover, Jamaica, y en la que participaron más de 150 líderes y administradores del sector terciario jamaicano. La conferencia estuvo dirigida, precisamente, a fortalecer el liderazgo, la efectividad institucional, la rendición de cuentas y la capacidad del sector para responder a prioridades nacionales emergentes.

Troupe resumió la necesidad del cambio de esta manera:

“The current funding model served Jamaica well […] However today’s realities demand a more modern approach.”

Y explicó con claridad la intención del nuevo modelo:

“It is about ensuring that public investment produces the greatest possible return for students, taxpayers and the Jamaican economy.”

Al analizar la documentación disponible y los planteamientos expuestos por los distintos actores que participan en esta discusión, observo un elemento especialmente relevante: la propuesta no se limita a revisar cuánto se invierte en educación superior, sino que plantea una relación más directa entre los recursos públicos, la responsabilidad institucional y los resultados que las universidades producen para sus estudiantes y para la sociedad.

Ese desplazamiento en la lógica del financiamiento merece atención. No porque los resultados deban convertirse en el único criterio para asignar recursos, sino porque obliga a las instituciones de educación superior a demostrar con mayor claridad qué generan a partir de la inversión que reciben.

Desde esa perspectiva, considero que el financiamiento basado en desempeño constituye una alternativa que merece ser examinada seriamente en la educación superior.

Si una institución recibe recursos públicos, me parece razonable que pueda demostrar, mediante evidencia, qué logra con ellos y de qué manera esos recursos contribuyen al cumplimiento de su misión. La autonomía institucional y la misión académica no tienen por qué estar reñidas con una mayor responsabilidad en torno a los recursos públicos y los resultados que estos permiten alcanzar.

Esto no significa reducir el valor de una universidad a un conjunto de indicadores ni asumir que todo resultado significativo puede expresarse en una métrica. Significa reconocer que la inversión pública también exige capacidad institucional para demostrar resultados, aprender de ellos y utilizarlos para fortalecer la educación superior.

Precisamente por eso, el verdadero desafío no está únicamente en decidir si debemos financiar según desempeño, sino en determinar qué resultados deben contar como expresión legítima del desempeño universitario y de la contribución que las instituciones hacen al desarrollo del país.

La graduación, la retención, el aprendizaje y la inserción laboral constituyen resultados relevantes. También lo son la investigación, la innovación, la movilidad social, la producción de conocimiento y la capacidad institucional para contribuir a las comunidades y al desarrollo del país.

Por eso, aunque considero que vincular una parte del financiamiento a resultados constituye una alternativa que merece ser examinada seriamente, el diseño de los indicadores no puede tratarse como un asunto meramente técnico ni quedar sujeto a los vaivenes políticos de cada administración.

Definir qué se entiende por desempeño universitario, qué resultados deben evaluarse y qué peso debe otorgarse a cada uno requiere una discusión amplia de país, con participación del sector académico, el Estado, los estudiantes, los sectores productivos y otros actores sociales. Si los criterios cambian cada vez que cambia el gobierno, las instituciones quedarían obligadas a responder a prioridades coyunturales, en lugar de desarrollar capacidades y estrategias de largo plazo.

Por eso, un modelo de financiamiento basado en desempeño necesita no solo indicadores pertinentes y verificables, sino también estabilidad, legitimidad y continuidad como política pública.

Por ejemplo, si privilegiamos excesivamente las tasas de graduación, podemos generar presiones institucionales dirigidas a fortalecer ese indicador sin necesariamente fortalecer el aprendizaje. Si colocamos la empleabilidad inmediata como medida predominante, podríamos desfavorecer áreas del saber cuya contribución científica, cultural o social no se traduce inmediatamente en puestos de trabajo. Si otorgamos mayor peso a la investigación y las publicaciones, podríamos evaluar injustamente instituciones cuya misión central es ampliar el acceso, atender poblaciones particulares o promover movilidad social.

Además, las instituciones de educación superior no tienen necesariamente la misma misión. Precisamente por eso, un buen modelo de financiamiento basado en desempeño tendría que reconocer resultados comunes al sistema y resultados vinculados con la misión particular de cada institución.

La discusión que se produjo en Jamaica va incluso más allá del planteamiento gubernamental. Durante la misma conferencia, el presidente de Caribbean Maritime University, Andrew Spencer, defendió la necesidad de que las instituciones diversifiquen ingresos, desarrollen programas sostenibles, optimicen recursos y busquen nuevas formas de financiar sus operaciones. Es decir, Jamaica no está discutiendo únicamente cuánto dinero debe aportar el Estado; está discutiendo cómo financiar de manera sostenible su sistema de educación superior y qué responsabilidad corresponde asumir a las propias instituciones.

Troupe introdujo, además, otra dimensión que considero particularmente importante:

“The question before us […] is not whether education must transform, but whether we will lead that transformation or simply respond to it.”

Comparto el principio que subyace a ese planteamiento, pero añadiría una condición esencial: liderar la transformación exige que el financiamiento fortalezca capacidades institucionales y no convierta los indicadores en fines en sí mismos.

El financiamiento puede convertirse en una herramienta para impulsar transformación, pero solo si ayuda a las instituciones a construir capacidades, innovar y alcanzar mejores resultados. Si se diseña únicamente como un sistema de premios y penalidades asociado a unos pocos indicadores, puede producir exactamente lo contrario: instituciones administrando métricas en lugar de transformándose.

Por eso, para mí, el verdadero desafío no está únicamente en decidir si debemos financiar según desempeño, sino en determinar qué resultados deben considerarse como expresión legítima del desempeño universitario y de la contribución que las instituciones hacen al desarrollo del país.

Se trata de reconocer que el retorno de la inversión pública en educación superior no puede reducirse exclusivamente a una ecuación económica. Una universidad produce profesionales y genera conocimiento; desarrolla investigación y promueve movilidad social; responde a necesidades laborales y, al mismo tiempo, contribuye al desarrollo cultural, científico, institucional y democrático de una sociedad.

La experiencia que Jamaica comienza a construir merece seguimiento.

No porque necesariamente debamos reproducir su modelo, sino porque coloca sobre la mesa una pregunta que nuestro sistema de educación superior en Puerto Rico tendrán que enfrentar cada vez con mayor claridad:

Si una parte del financiamiento público de nuestras instituciones dependiera de su desempeño, ¿qué resultados deberían contar?

Graduación.
Retención.
Aprendizaje.
Empleabilidad.
Investigación.
Innovación.
Movilidad social.
Impacto comunitario.

¿Todos? ¿Con el mismo peso?

Ahí está la discusión.

Fuentes de la discusión en Jamaica:
Jamaica Gleaner, 17 de julio de 2026: Ministry pushes new era of accountability for tertiary institutions. Ver noticia en Jamaica Gleaner⁠

Jamaica Observer, 19 de julio de 2026: CMU president urges new funding model for tertiary institutions. Ver noticia en Jamaica Observer⁠

Jamaica Information Service, 1 de agosto de 2026: Govt Creating Modern Funding Framework For Tertiary Education. Ver información oficial del Gobierno de Jamaica